El drama de la vivienda

El gobierno habla constantemente de las cinco locomotoras que nos conducirán a la Colombia de la prosperidad democrática. Infraestructura, vivienda, sector agropecuario, minería y petróleo, e innovación, son los sectores que “esperamos −explica el director de Planeación Nacional− sean los principales halonadores del crecimiento económico del país en los próximos años.” (Portafolio, oct.25.10) El tiempo, al igual que en el plan de desarrollo anterior, nos dirá quién es el verdadero poder detrás del “poder”, pues, aunque no se conozca mucho, todas las políticas del gobierno han sido “recomendadas” por el Banco Mundial en un documento titulado Colombia 2006-2010: una ventana de oportunidades. Aunque se oculte o se niegue, la alta burocracia de la economía colombiana no mueve una hoja sin el previo consentimiento o del Banco Mundial o del FMI o del BID, entidades que, como se sabe, son controladas por las potencias mundiales, en especial, por Estados Unidos.

Pero no es el menester en este escrito estudiar cómo se maneja la economía nacional en su conjunto, sino, más bien, mirar los problemas de la vivienda. Jorge Enrique Robledo, en su libro El drama de la vivienda en Colombia (El Áncora Editores, 1985, pp. 28), explicaba que “La capacidad de un país con relaciones capitalistas para atender las necesidades de alojamiento de su población y, en consecuencia, el mayor o menor déficit habitacional, depende de cuántas personas puedan comprar vivienda propia y cuántas logren subsidiar los gobiernos”. De lo cual concluía: “Con el advenimiento del capitalismo el problema (de la vivienda) se empeora o no dependiendo de la capacidad de pago de los asalariados y de la fortaleza económica de los Estados.”

Los líos de la vivienda son hondos. Mínimo la mitad de lo construido en el país se hizo de manera informal y por el mecanismo de autoconstrucción, es decir, más de la mitad de los alojamientos carece de especificaciones técnicas que eviten que, por ejemplo, en caso de un sismo, estos caigan como castillos de naipes. En relación con las viviendas para los sectores populares, llamadas de interés social, explica el profesor Gilberto Arango, “la tendencia general está marcada por las malas soluciones que son la mayoría y no por las buenas que por desgracia son muy pocas”. Se agrega, además, que la reducción progresiva del tamaño de los alojamientos tiende a expulsar a sus habitantes, que se vienen convirtiendo en cajas de fósforos en los que con dificultad se puede dormir. Además, desde 1971, el tema de la calidad de vivienda no se toca en serio; solo se habla de las políticas de financiación y del papel del sector de la construcción en la economía nacional. A pesar de que ¡mínimo el 50 por ciento! de las viviendas carecen de todas las especificaciones técnicas, situación que se da porque la solución al problema de la vivienda ha recaído fundamentalmente en las familias y no en el Estado, asunto que desde la liquidación del Instituto de Crédito Territorial se dejó al garete del mercado. Con estas realidades se dice que el país va por buen camino y ha sido muy bien gobernado.

En el país más de quince millones de habitantes sufren alguno de los dos tipos de déficit habitacional. O no tienen vivienda y se ven obligados al hacinamiento o carecen de alguno o de todos los servicios básicos, o su rancho es, con todo el respeto que merecen los compatriotas que se ven sometidos a tan lamentable vivir, de lata, cartón, esterilla, madera y sin piso de material. Cualquiera que camine por las zonas deprimidas de Colombia constatará que lo dicho no es exageración. Y quien conozca los relatos de Patrick Süskind o Dickens concluirá que desde hace siglos se sabe que en esas condiciones anidan problemas de salud pública y de tipo social, que no son mayores por los avances de la medicina, la que en muchos casos, poco o nada puede hacer ante la miseria y pobreza de millones de colombianos. No faltarán quienes digan que en sentido estricto no existe problema de vivienda alguno, porque todo el mundo vive en algún sitio.

El panorama se agrava cuando se sabe que, según la OIT, solo 46 de cada cien trabajadores tiene contrato de trabajo, cifra que en Chile llega a 69 de cada cien, en Brasil 77 y en Canadá 84. El universo de personas con posibilidad de acceder a un crédito de largo plazo se reduce, además, porque una porción importante de los asalariados o tiene contrato a termino fijo o su ingreso es inferior a dos salarios mínimos, causando una sinsalida: demostrarle, de un lado, al banco que tiene capacidad de pago y de otro, al gobierno su inexistencia para acceder a un subsidio. Pero el subsidio no es garantía de nada. El Plan de Desarrollo anterior se puso como meta dar 830 mil soluciones, de las cuales solo movilizó 286 mil, el 34,5 por ciento de la meta. Entre 2002-2006, en movilización de subsidios, se logró el 71 por ciento de lo propuesto. En realidad es mucho menos, pues las cifras tienen un elemento que las infla: una parte importante de lo entregado por el gobierno nacional corresponde a legalización de títulos, no a la construcción de una vivienda, en lo que tampoco se llega a las proyecciones. Entre 2006-2010 se aspiraba a legalizar 326 mil títulos y solo se alcanzó a 10 mil. Esto con un gobierno que destina casi la mitad de sus gastos al servicio de la deuda y a asuntos militares.

Según el Dane, al año se conforman 285 mil hogares, y se construyen 96 mil viviendas. Luego el déficit habitacional crece en 189 mil unidades al año. El 44 por ciento de las unidades construidas corresponde a viviendas de interés social, en el resto, los esfuerzos son fundamentalmente privados. A este ritmo, manteniendo invariable el número de hogares, pasarían 39 años para resolver el déficit actual. El gobierno de Juan Manuel Santos proyecta construir un millón de viviendas, 679 mil VIS y 340 mil no VIS. Cifras que, de lograrse, no subsanarán la totalidad del déficit. De ellas, 280 mil se adquirirán con subsidios del gobierno, pero de acuerdo con lo presupuestado para el 2011 y de movilizarse la totalidad de los subsidios, cosa improbable, faltarían 45 mil para lograr la meta. Se planea invertir 77,5 billones de pesos, y de ellos, 67 provendrán del esfuerzo de las familias, 6,6 de la nación y 3,7 de los entes territoriales. Bien difícil va ser que municipios y departamentos pongan los dineros que les exigen y que los bancos, hoy más dedicados a especular con los bonos del gobierno y en la bolsa de valores, se interesen de verdad en el negocio.

La Ministra de Vivienda ha dicho que la política tendrá como pilar la construcción de macroproyectos, cosa que urbanistas modernos cuestionan y que profundizará el carácter monopolista del capitalismo en asuntos urbanos. Habrá que ver si logran gestionar el suelo necesario para tal empresa, más en una economía donde la especulación tiene vastos cimientos y en la que muchos empresarios, en vista de la ruina que les causa el “libre comercio”, se convierten en especuladores del suelo, especulación que, además, excluye a millones de colombianos de la posibilidad de obtener una vivienda digna.
TOMADO DE LA SILLAVACIA.COM

Jueves 4 de Noviembre de 2010
El drama de la vivienda
Juan Pablo Fernández M – Fogoniando

Anuncios
  1. No trackbacks yet.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

Anuncios
A %d blogueros les gusta esto: